El intendente Walter Vuoto respaldó la construcción de la infraestructura, aunque planteó que tanto su administración como su financiamiento deben permanecer bajo control argentino. En ese sentido, sostuvo que cualquier eventual acuerdo con capitales externos debería ser analizado y aprobado por el Congreso.
La obra comenzó en 2022 y actualmente presenta, según lo señalado por el jefe comunal, un avance del 10%. El proyecto se encuentra ubicado próximo al aeropuerto y al área urbana de Ushuaia. Vuoto recordó que la iniciativa recibió partidas en los presupuestos nacionales desde 2021 y que su ejecución comenzó durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa.
El objetivo es que la nueva instalación permita ampliar las capacidades logísticas argentinas en el Atlántico Sur y facilite las operaciones vinculadas con la Antártida. La Armada Argentina ya brinda apoyo a las bases nacionales en el continente blanco y, de acuerdo con el planteo del intendente, la infraestructura proyectada podría recibir buques de gran porte, entre ellos el rompehielos Almirante Irízar.
Para Ushuaia, el proyecto también representa la posibilidad de desarrollar un polo logístico antártico capaz de generar actividad para proveedores, servicios portuarios e industria naval. La ciudad mantiene una competencia en este terreno con Punta Arenas, en Chile, por el liderazgo regional en servicios vinculados con las operaciones antárticas.
La construcción de la base, además, obligará a revisar la organización de la zona donde estará emplazada. Actualmente, la Armada Argentina cuenta con una instalación ubicada en el centro de Ushuaia, mientras que el nuevo proyecto requerirá definir cuestiones vinculadas con la circulación, los servicios y la logística. Para avanzar en estos aspectos deberán intervenir los gobiernos nacional, provincial y municipal.
Durante la etapa inicial se conformó una mesa de trabajo entre los distintos niveles del Estado. En ese marco, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, prevé convocar a una mesa técnica destinada a analizar las etapas de inversión y los efectos que la obra tendrá sobre la ciudad.
El proyecto también es vinculado por Vuoto con la política argentina sobre las islas Malvinas, la protección de los recursos marítimos y el fortalecimiento de las capacidades militares en el Atlántico Sur. Para el intendente, una mayor presencia logística y militar en Ushuaia contribuiría a sostener la posición argentina sobre la soberanía de las islas.
En ese contexto, cuestionó la postura del presidente Javier Milei respecto de Malvinas y criticó sus declaraciones relacionadas con Margaret Thatcher y el nacionalismo. También planteó la necesidad de revisar la estrategia nacional frente a la explotación de recursos en el área, particularmente en materia de hidrocarburos y pesca.
Vuoto mencionó además la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece sanciones para empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en áreas vinculadas con Malvinas. En relación con la explotación petrolera, señaló que Rockhopper y Navitas desarrollan actividades en el área Sea Lion, ubicada en la cuenca norte de las islas, y estimó en USD 180 mil millones el valor de los recursos existentes, aunque no aportó documentación para respaldar esa cifra.
También sostuvo que embarcaciones autorizadas por las autoridades de las islas extraen unas 260 mil toneladas de recursos pesqueros por año en aguas que Argentina considera propias. Frente a este escenario, planteó la necesidad de revisar la estrategia internacional del país en relación con la explotación de los recursos del Atlántico Sur.
Respecto del financiamiento de la Base Naval Integrada, las autoridades nacionales mencionaron una inversión estimada en USD 500 millones. Vuoto reclamó precisiones sobre la composición del presupuesto y las distintas etapas previstas para la ejecución y volvió a insistir en que cualquier esquema de financiamiento externo debería ser sometido a consideración del Congreso.
El intendente también vinculó la obra con la necesidad de diversificar la estructura productiva de Tierra del Fuego. En ese punto, afirmó que la provincia perdió 10 mil empleos industriales como consecuencia de la apertura comercial y la reducción de aranceles que afectaron a la fabricación local de productos electrónicos.
Vuoto cuestionó además que la apertura de las importaciones haya generado una reducción significativa en el precio de los teléfonos celulares y sostuvo que el contrabando incrementó su participación en ese mercado, desde un 13% hasta un 70%, aunque no precisó el período correspondiente a esa comparación.
En paralelo, defendió la continuidad del régimen de promoción económica y fiscal establecido por la Ley 19.640. Según su planteo, ese esquema fue creado con el objetivo de favorecer el poblamiento de la Patagonia y reforzar la presencia argentina en un territorio estratégico por su proximidad con Malvinas y Chile.
La estrategia planteada para Ushuaia también contempla la posibilidad de incorporar nuevas actividades económicas. En ese sentido, Vuoto señaló que la ciudad podría recibir inversiones vinculadas con la inteligencia artificial y sostuvo que sus condiciones de infraestructura y clima podrían favorecer el desarrollo de ese tipo de proyectos.
Para el intendente, la generación de nuevas actividades productivas y de empleo forma parte de una estrategia más amplia destinada a sostener la población de Tierra del Fuego y fortalecer la presencia argentina en el extremo sur del país.
