La decisión alcanza a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Nilda Sabrina Basile, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Lidia Margarita Casciano, conocida como “Dali Revolución”. La investigación comenzó a centrarse en el grupo a partir de la notoriedad que adquirió desde mayo de 2022.
De acuerdo con la resolución judicial, Morel y Sosa fueron considerados organizadores de la agrupación, mientras que Basile y Guerra participaron de sus actividades. Para el juzgado, el grupo buscaba imponer determinadas ideas y enfrentar otras mediante el uso de la fuerza o la generación de temor.
La investigación sostiene que esa estrategia incluía manifestaciones públicas y la difusión de mensajes intimidatorios y violentos dirigidos contra integrantes del entonces Gobierno y personas identificadas con ese espacio político.
El análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante el expediente aportó nuevos elementos a la investigación. El juez señaló que fueron halladas conversaciones con terceros que presentaban un elevado nivel de violencia y capacidad para concretar las amenazas mencionadas. Ese material derivó en la imputación de Casciano, quien fue procesada en febrero de 2025, decisión que luego fue confirmada por la Cámara Federal.
Morel también quedó involucrado en otras amenazas dirigidas contra Victoria Donda, Víctor Hugo Morales, Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi. Durante 2022, Revolución Federal había protagonizado distintas manifestaciones en las que utilizó elementos como antorchas y una guillotina.
La investigación fiscal describió una estructura que utilizaba redes sociales y grupos de WhatsApp para organizarse y difundir sus mensajes. Entre los hechos atribuidos a Morel aparecen distintas amenazas contra dirigentes políticos y contra Víctor Hugo Morales.
En paralelo, Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo, quienes habían sido investigados por un posible financiamiento de la agrupación mediante trabajos de carpintería realizados por Morel.
La hipótesis sobre el financiamiento había surgido a partir de información de la Unidad de Información Financiera (UIF). Ese organismo detectó transferencias por más de $6,5 millones desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur hacia cuentas de Morel y personas de su entorno. Ambos fideicomisos estaban administrados por Caputo Hermanos S.A.
A partir de esos movimientos, la querella sostuvo que los pagos podían formar parte de un mecanismo destinado a financiar a Revolución Federal. En la causa también se cuestionó la contratación de los trabajos de carpintería, debido a que se trataba de un emprendimiento pequeño ubicado en Boulogne que había sido contratado para amoblar un edificio situado en Neuquén, a más de 1.200 kilómetros de distancia.
Con el cierre de la investigación, la causa principal continuará ahora en la etapa de juicio respecto de los cinco integrantes de Revolución Federal alcanzados por la elevación, mientras que la investigación sobre el presunto financiamiento terminó con los sobreseimientos dispuestos para los otros tres imputados.
