El máximo tribunal hizo lugar al planteo presentado por Papel Misionero S.A.I.F.C. y dejó sin efecto la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Misiones que había avalado la norma. El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El planteo cuestionaba que la ley estableciera la insalubridad de manera general para toda la actividad, sin distinguir entre las diferentes tareas realizadas por los trabajadores ni determinar cuáles estaban efectivamente expuestas a condiciones perjudiciales para la salud.
La norma había sido sancionada en 2008 y su aplicación podía generar consecuencias laborales y previsionales, entre ellas una reducción de la jornada de trabajo y el acceso a un régimen previsional especial. La discusión se centró en si esas consecuencias podían aplicarse automáticamente a todos los trabajadores de una industria sin analizar previamente las condiciones concretas en las que desarrollaba sus tareas cada uno.
Rosatti sostuvo que la declaración de insalubridad constituye una medida excepcional que debe estar respaldada por la existencia de riesgos específicos. Según el criterio expuesto en el fallo, la determinación debe basarse en las condiciones laborales efectivamente riesgosas y no en una clasificación general de toda una actividad.
“La conclusión no puede preceder al análisis”, sostuvo el presidente de la Corte al cuestionar que la legislación provincial hubiera considerado insalubre a toda la industria antes de realizar las evaluaciones correspondientes.
Durante el proceso judicial se conocieron además los resultados de inspecciones realizadas por la Secretaría de Trabajo y Empleo de Misiones en la planta de Papel Misionero. Los controles determinaron condiciones de insalubridad en sectores como digestión, horno de cal, máquina de papel, calderas y talleres de mantenimiento.
En esas áreas se detectaron, entre otras situaciones, niveles de ruido superiores a 85 decibeles y presencia de sulfuro de hidrógeno, elementos asociados con distintos riesgos para la salud. Esos controles derivaron en la resolución 185/2012 de la autoridad laboral provincial, que declaró la insalubridad de determinados sectores de la planta.
La Corte aclaró que su decisión no invalida esa resolución administrativa. El tribunal distinguió entre una declaración general aplicable a toda una industria y otra basada en inspecciones que permiten identificar tareas y sectores concretos expuestos a condiciones perjudiciales.
Uno de los principales argumentos del fallo estuvo relacionado con una contradicción dentro de la propia ley provincial. Mientras el artículo 1° calificaba como insalubre a toda la actividad, el artículo 3° establecía que la autoridad laboral debía inspeccionar los establecimientos y determinar cuáles lugares, sectores y tareas reunían efectivamente esas condiciones mediante una resolución fundada.
Para Rosatti, si la normativa exigía inspecciones para establecer qué actividades eran insalubres, no resultaba razonable que otro artículo hubiera anticipado esa conclusión para toda la industria. Según el fallo, esa declaración general dejaba sin sentido el procedimiento posterior previsto por la propia ley.
Los magistrados Rosenkrantz y Lorenzetti también se remitieron al análisis realizado por la Procuración General sobre las normas aplicables al caso. Allí se sostuvo que una ley no puede calificar de manera abstracta y genérica una actividad laboral como insalubre sin garantizar que las partes involucradas puedan intervenir y ejercer su derecho de defensa mediante el procedimiento correspondiente.
La Corte consideró que la clasificación automática terminaba incluyendo dentro de un régimen excepcional tanto a los trabajadores expuestos a agentes nocivos como a quienes desarrollaban tareas sin esos riesgos. Esa equiparación, según el tribunal, desnaturalizaba el régimen de insalubridad y generaba consecuencias irrazonables.
Con estos argumentos, el máximo tribunal aceptó la queja, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley IX N° 7 de Misiones y revocó la decisión del tribunal provincial en ese punto. Al mismo tiempo, mantuvo fuera de ese cuestionamiento la resolución administrativa que había determinado la insalubridad de sectores específicos de la planta luego de las inspecciones correspondientes.
