La resolución también alcanzó a los exagentes Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi. El magistrado consideró que las tareas realizadas por la AFI no configuraron un delito de inteligencia ilegal y sostuvo que se desarrollaron dentro de un dispositivo preventivo destinado a detectar posibles amenazas a la seguridad durante ambos eventos internacionales.
Para Martínez De Giorgi, tampoco quedó demostrado que la recopilación de información hubiera tenido como finalidad perseguir a personas por sus ideas políticas o por su pertenencia a determinadas organizaciones.
La causa se inició en junio de 2020 a partir de una denuncia presentada por Cristina Caamaño, entonces interventora de la AFI. Una inspección realizada previamente había permitido encontrar documentación en una oficina del organismo, con fichas e informes sobre personas vinculadas con las dos reuniones internacionales realizadas durante la gestión de Macri.
Entre los documentos había información sobre periodistas, académicos, organizaciones sociales y dirigentes políticos. La denuncia contabilizó 403 fichas de periodistas, 28 de académicos y otras 58 correspondientes a personas observadas durante los procesos de acreditación. Los registros incluían datos personales, vínculos, actividades, publicaciones en redes sociales y referencias políticas.
Durante la investigación, la fiscal Paloma Ochoa había señalado a Tonelli Banfi como quien confeccionaba las fichas y a Coste como el responsable de aprobar la información. La hipótesis de la acusación sostenía que ese mecanismo podía haber permitido discriminar a quienes buscaban acreditarse en función de sus posiciones políticas.
El juez, sin embargo, consideró determinante que no existiera una orden escrita que estableciera que las tareas debían realizarse con el propósito de identificar opositores políticos o personas determinadas por su ideología. También cuestionó que la fiscalía hubiera utilizado una muestra parcial de la documentación para sostener una conclusión general sobre el funcionamiento del esquema.
Martínez De Giorgi señaló además que en anteriores reuniones de la OMC y del G20 realizadas en otros países se habían registrado disturbios y hechos de violencia. En ese contexto, entendió que el Estado argentino tenía motivos para implementar medidas preventivas de seguridad ante dos acontecimientos internacionales de alta exposición.
En relación con la OMC, el magistrado sostuvo que la participación formal de la AFI en el sistema de acreditaciones no estaba debidamente fundamentada. No obstante, consideró que el organismo formaba parte del dispositivo de seguridad y que sus funciones incluían tareas de investigación, análisis y prevención.
En el caso del G20, en cambio, la intervención de la agencia estaba contemplada expresamente dentro de la estructura de seguridad. La AFI integraba los equipos destinados a tareas de “Análisis e Inteligencia”, “Ciberseguridad” y “Planificación de Seguridad QBNR”.
Otro de los elementos considerados por el juez fue el origen de la información recopilada. Según la resolución, en la mayoría de los casos los datos provenían de fuentes abiertas, como sitios web y perfiles públicos de redes sociales. Por ese motivo, Martínez De Giorgi entendió que no se había acreditado una invasión de la esfera privada que permitiera encuadrar las conductas dentro de las prohibiciones establecidas por la Ley de Inteligencia.
El magistrado diferenció así las tareas de inteligencia preventiva de una investigación criminal y concluyó que los hechos analizados no alcanzaban para configurar el delito investigado.
Se trata del segundo sobreseimiento obtenido por Arribas y Majdalani en causas relacionadas con presuntas actividades de espionaje en un período de dos meses. A comienzos de julio, el juez Julián Ercolini había archivado una investigación en la que ambos estaban acusados junto con otros 27 exfuncionarios y agentes de inteligencia por un supuesto esquema de espionaje político desarrollado a través de las denominadas “Bases AMBA” durante el gobierno de Macri.
Ese expediente se originó a partir de la investigación relacionada con Marcelo D’Alessio, que había estado a cargo del entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. En esa causa se investigaba el funcionamiento de distintas bases de la AFI ubicadas en puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo formal era colaborar en investigaciones sobre delitos federales complejos, entre ellos narcotráfico y trata de personas.
La hipótesis investigada sostenía, sin embargo, que esas estructuras también habían sido utilizadas para obtener información sobre dirigentes políticos, sindicales y comunitarios considerados opositores al gobierno de Macri.
