Amad sostiene que Capitanich también debe ser investigado por su presunta participación en un esquema de blanqueo de activos y busca que la causa permanezca en el fuero federal. La definición quedará ahora en manos de la Cámara Federal, aunque previamente deberá intervenir el fiscal general Patricio Sabadini, quien podrá respaldar el recurso o desistir de la apelación.
La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de miles de hectáreas de tierras fiscales en el departamento chaqueño de Almirante Brown. Según la acusación, las operaciones habrían beneficiado a empresarios vinculados con la entonces ministra de Capitanich, Marta Elena Soneira, y posteriormente los bienes obtenidos habrían generado beneficios económicos que ingresaron al circuito formal.
La investigación comenzó en 2024 a partir de una presentación de Ana María Canata, quien había encabezado el organismo provincial encargado de la administración de las tierras fiscales durante la gestión anterior.
Capitanich fue procesado por su intervención en la etapa de adjudicación. Carbajal consideró que su participación no podía ser considerada un trámite meramente administrativo, ya que la legislación provincial exige la intervención del gobernador en las adjudicaciones superiores a las 300 hectáreas.
La resolución judicial analizó distintas operaciones, entre ellas adjudicaciones de 1.250 hectáreas y otras extensiones a distintos particulares. El juez encontró similitudes en la tramitación de los expedientes y consideró que existían elementos suficientes para sostener, en esta etapa, la hipótesis de un acuerdo entre los involucrados.
Sin embargo, Carbajal rechazó extender a Capitanich la imputación por lavado de activos. Para el magistrado, la acusación confundía el presunto delito precedente, relacionado con la adjudicación irregular de tierras fiscales, con una conducta posterior y autónoma que permitiera configurar el lavado.
El juez sostuvo que la mera obtención o tenencia de bienes presuntamente provenientes de un delito no alcanza para configurar ese delito. Según su interpretación, debe existir además una acción de conversión, transferencia, administración u ocultamiento destinada a otorgar a esos activos una apariencia de legalidad dentro del circuito económico.
Amad cuestionó ese criterio y sostuvo que la presunta maniobra no terminó con la adjudicación de las tierras. Según el fiscal, esas operaciones habrían constituido el punto de partida para incorporar bienes de origen ilícito al patrimonio y generar posteriormente ganancias mediante actividades empresariales.
En su apelación, el fiscal planteó que la intervención de Capitanich fue necesaria para concretar las adjudicaciones investigadas, ya que su firma en los decretos del Poder Ejecutivo constituía un requisito legal para operaciones de esa magnitud. También vinculó su participación con otros beneficios y decisiones administrativas que, según la acusación, habrían permitido avanzar con la maniobra.
Amad cuestionó que el juez reconociera la intervención necesaria del exgobernador en las primeras etapas de las operaciones, pero luego descartara su responsabilidad en el supuesto lavado de activos. Para el fiscal, la investigación debe analizar el conjunto de las operaciones y no dividirlas en hechos independientes.
Al momento de conocer su procesamiento, Capitanich rechazó las acusaciones y cuestionó que la causa se tramite en la Justicia Federal en lugar de los tribunales provinciales. El senador sostuvo que resulta improcedente investigar en ese fuero decisiones administrativas adoptadas durante el ejercicio de sus funciones como gobernador y planteó que esa situación afecta principios establecidos por el sistema federal.
La Cámara Federal deberá definir ahora si confirma el criterio de primera instancia o si acepta el planteo de la fiscalía y mantiene abierta la investigación por presunto lavado de activos. La posición que adopte el fiscal general Sabadini será determinante para la continuidad del recurso y para el eventual destino de la causa.
