La indagatoria judicial relacionada con el fentanilo contaminado dio un nuevo paso este martes, al solicitar información al Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la causa que sigue el juez federal Ernesto Kreplak. Desde el organismo sanitario aclararon que esta solicitud no constituye un allanamiento y enfatizaron su colaboración con la Justicia desde el inicio de la investigación. “Es una orden de requerimiento. Difiere de un allanamiento en que se solicita información, no se la busca por la fuerza”, señalaron fuentes del Ministerio. En este contexto, aseguraron que están entregando la documentación requerida por el juzgado relacionada con los ingresos y egresos de expedientes y actuaciones administrativas. “Hay un requerimiento de información por parte del juez y el Ministerio está brindando toda la documentación solicitada sobre ingresos y egresos al Ministerio, como lo hizo desde el inicio de la investigación. Vamos a respetar y acompañar el trabajo de la Justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. También queremos expresar nuestro acompañamiento a los familiares, que merecen conocer la verdad”, añadieron desde el área de salud oficial. Por otra parte, afirmaron que hasta el momento no han recibido ninguna otra notificación judicial relacionada con nuevas medidas. “El Ministerio no fue notificado ni tiene confirmación oficial de ninguna otra medida, por lo que no vamos a hacer especulaciones”, sostuvieron. Desde el Ministerio de Salud también desmintieron que el requerimiento se hubiera extendido a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y al Instituto Nacional de Medicamentos. Según aclararon, ninguno de estos organismos ha recibido un pedido de información o un allanamiento en esta etapa del caso. Tampoco confirmaron posibles procedimientos en domicilios de exautoridades de ambas entidades. La actualización de la causa se da en un contexto donde el expediente se mantiene bajo secreto de sumario, una medida dictada por el juzgado para proteger el avance de la investigación. Esta restricción limita el acceso a los documentos judiciales y aplica tanto a las pruebas como al contenido que se ha incorporado al expediente. La abogada Adriana Francese, que representa a los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado y es familiar de una de las primeras personas que fallecieron, destacó que el expediente continúa bajo esta condición. “Está con secreto de sumario. Yo sabía que se venía con todo, pero no lo veía ni sabía cuándo”, comentó, aunque evitó dar más detalles debido a las restricciones existentes. La investigación se inició tras el hallazgo de bacterias multirresistentes en lotes de ampollas de fentanilo inyectable fabricadas por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, lo que desató una de las crisis sanitarias más significativas del país. Según consta en el expediente, los lotes contaminados fueron producidos entre finales de 2024 y principios de 2025, y estaban contaminados con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias vinculadas a infecciones intrahospitalarias graves, tales como neumonía y bacteriemia. Consecuentemente, la ANMAT prohibió la venta de los productos involucrados, suspendió la producción de las empresas y solicitó el retiro de decenas de miles de ampollas distribuidas en todo el país. A su vez, la Justicia Federal inició una investigación para aclarar las responsabilidades en la cadena de producción, distribución y fiscalización del medicamento. A medida que avanza la causa, se han incorporado nuevas líneas de investigación. Entre ellas, se amplió el procesamiento del empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, junto con otros doce directivos y responsables técnicos del laboratorio, todos imputados en relación con más de 90 muertes en este contexto. Asimismo, se ha abierto otra línea de investigación por la posible desaparición de aproximadamente 5,5 kilogramos de fentanilo puro, que según la fiscalía podrían haberse perdido del laboratorio mediante informes falsos de destrucción. Esta situación ha dado lugar a una investigación paralela por un presunto “desvío de cantidad”, sospechando que la sustancia podría haber entrado en el mercado negro. Como resultado de la investigación, la ANMAT también avanzó con la revocación definitiva de las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo y estableció nuevos criterios para la industria farmacéutica. Según la nueva disposición, los titulares y directores técnicos de laboratorios deben presentar certificados de antecedentes penales para operar. Mientras tanto, el Cuerpo Médico Forense sigue revisando historias clínicas de hospitales en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe para evaluar el impacto de esta crisis sanitaria. Basándose en los datos del expediente, se estima que las muertes atribuidas oscilan entre 90 y 114, aunque auditorías epidemiológicas y comisiones parlamentarias sugieren que el número total de víctimas fatales puede llegar entre 121 y 173 en todo el país.
La investigación sobre el fentanilo contaminado avanza con un requerimiento al Ministerio de Salud
