Entre los inmuebles incluidos en el plan figuran predios de alto valor inmobiliario y otros considerados estratégicos por su ubicación. El listado abarca propiedades distribuidas en distintas provincias, entre ellas un terreno del Ejército en Palermo, la sede del INTA en ese mismo barrio y un predio de la Armada en Ushuaia, cercano a la Base Naval y al acceso hacia la Antártida.
De acuerdo con información oficial, las primeras 32 operaciones permitieron recaudar más de 351 millones de dólares. Las ventas de mayor valor correspondieron a inmuebles del Ejército y del INTA ubicados en Palermo, lo que abrió cuestionamientos sobre la consideración de esos bienes como inmuebles ociosos.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sostiene que los fondos obtenidos permiten asistir financieramente a distintos organismos públicos. Sin embargo, un informe presentado por el jefe de Gabinete ante el Congreso indicó que el INTA recibió menos del 10% de los recursos obtenidos por la venta de uno de sus inmuebles.
El esquema actual continúa una política iniciada durante la gestión de Mauricio Macri mediante decretos. A las propiedades incluidas originalmente se sumaron nuevos inmuebles alcanzados por posteriores medidas del Poder Ejecutivo.
Desde distintos sectores surgieron cuestionamientos sobre la utilización de decretos para avanzar con la venta de tierras nacionales, al considerar que la Constitución asigna al Congreso la facultad de disponer sobre esos bienes. También se señaló que varios de los inmuebles incluidos poseen un carácter estratégico y mantienen distintos tipos de utilización.
Un informe elaborado por una organización indicó que la mayor parte de los predios alcanzados por el proceso corresponde a bienes ferroviarios o militares. Además, sostiene que solo una parte de los inmuebles se encuentra sin uso, mientras que el resto desarrolla actividades productivas, recreativas, logísticas, ferroviarias, comerciales o de servicios.
Otra de las medidas oficiales contempla la transferencia de inmuebles del Ministerio de Defensa con el argumento de destinar recursos a la modernización de las Fuerzas Armadas. En ese marco, el 70% de lo obtenido por esas ventas será asignado a esa cartera.
Durante el primer semestre del año fueron desafectadas más de 12.000 hectáreas pertenecientes al Ejército y la Armada en distintas provincias. Entre los casos incluidos se encuentra un terreno de la Armada en Ushuaia, cuya ubicación es considerada estratégica por su cercanía al Atlántico Sur, la Antártida y el pasaje bioceánico.
El exministro de Defensa y diputado nacional Agustín Rossi cuestionó la política de enajenación de estos inmuebles y sostuvo que varios de ellos cumplen funciones operativas y de entrenamiento, además de representar activos vinculados a la soberanía nacional.
Desde el Estado Mayor Conjunto señalaron que no cuentan con información sobre el listado completo de inmuebles desafectados ni sobre el destino de los fondos obtenidos. Entre las operaciones concretadas figura la venta de un estacionamiento del Barrio Militar Malvinas Argentinas y del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, este último alcanzado por denuncias presentadas ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Legisladores de la oposición solicitaron al ministro de Defensa que informe ante el Congreso el destino de los recursos obtenidos y presentaron un proyecto para impedir la venta o cesión de inmuebles pertenecientes a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa sin autorización legislativa.
También se conoció un memorándum del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) que contempla la desafectación de más de 40 inmuebles en distintas provincias, entre ellos hoteles, centros recreativos, residencias sociales y delegaciones. La medida generó preocupación por el impacto sobre las prestaciones destinadas al personal militar.
En paralelo, el INTA aparece entre los organismos con mayor cantidad de tierras alcanzadas por el proceso. Además de la venta de un inmueble en Palermo, fueron transferidas más de 11.000 hectáreas a la AABE en distintas provincias y se proyecta continuar con nuevas desafectaciones.
El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, confirmó que el organismo analiza poner en venta alrededor de 50.000 hectáreas y sostuvo que solo una parte de las tierras tiene actualmente un uso científico o tecnológico. También indicó que continuará la evaluación de los predios para determinar cuáles permanecerán bajo la órbita del instituto.
Los inmuebles alcanzados por este proceso se distribuyen en provincias como Río Negro, Santiago del Estero, La Pampa, Buenos Aires, Tucumán, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. No obstante, varias de las operaciones aún no avanzaron debido a que el INTA, como ente autárquico, requiere la aprobación de su consejo directivo.
Representantes gremiales del organismo expresaron su preocupación por el impacto que la reducción de tierras podría tener sobre las tareas de investigación y desarrollo tecnológico vinculadas al sector agropecuario.
En cuanto al programa Procrear, varias subastas de terrenos fueron declaradas desiertas por falta de ofertas que alcanzaran el precio mínimo fijado por la AABE. Situaciones similares se registraron en inmuebles ubicados en Santa Fe y Entre Ríos.
Respecto de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, el Gobierno prevé avanzar con distintos esquemas de concesión y venta. Según los datos disponibles, ambos complejos dejaron de registrar visitantes durante las temporadas 2025 y 2026, luego de haber recibido miles de turistas en 2023.
