El hecho ocurrió el 7 de julio durante una audiencia en Comodoro Py. Este individuo, sin relación con el caso, se dirigió al juez Enrique Méndez Signori y rápidamente aclaró la situación: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
En el tribunal le consultaron: “Cuando lo contactaron para prestar declaración en el marco de este juicio, ¿le explicaron los motivos de la citación?”. El contador respondió: “No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto”.
El auténtico Juan Carlos Santos es el exfuncionario de la AFIP que trabajó bajo la gestión de Alberto Abad. Ya había testificado anteriormente en Comodoro Py en otros casos, incluida la investigación relacionada con Oil Combustibles durante la pandemia.
Su declaración en el juicio de los Cuadernos busca aportar información sobre las actividades de la AFIP entre 2018 y 2019, un periodo en el que recibió oficios judiciales en relación con la indagatoria por sobornos.
Además de Santos, comparecerán Pedro Mario Majul, Samanta Fagan, Miriam De Luca y Beatriz Zoe López.
Recientemente, cuatro funcionarios de ARCA expusieron en el juicio de la Causa Cuadernos las estrategias utilizadas por los empresarios investigados para obtener fondos en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas.
Las maniobras incluían el uso de proveedores considerados “no confiables”, la emisión de facturas de dudosa validez y la compra de dólares en efectivo que eran entregados a apoderados de las uniones transitorias de empresas (UTE).
Entre las firmas bajo sospecha se encuentran Isolux, Fainser, Sacde (anteriormente IECSA) y Esuco, las cuales formaban UTE para proyectos de infraestructura específicos. Al recibir anticipos o pagos parciales del Estado, contrataban a proveedores que emitían facturas sin prestaciones comprobadas, registrando esos egresos como gastos comerciales ordinarios relacionados con la obra, lo que permitía la salida de dinero sin respaldo documental.
Un caso destacado es el de Isolux, que en 2007 obtuvo la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, con un contrato superior a los 2000 millones de pesos. Funcionarios de la ex AFIP detectaron que parte de esos fondos era desviada a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra.
Una testigo mencionó: “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa.”
