Los tribunales atribuyen a los operadores que responden a Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, la realización de maniobras procesales destinadas a demorar las investigaciones.
Durante seis meses, se llevó a cabo una estrategia para concentrar todos los casos en el juzgado de Alejandro González Charvay, de Campana, vinculado al peronismo. Todo comenzó a fines del año pasado, cuando el magistrado solicitó la remoción del juez Marcelo Aguinsky, quien había avanzado en medidas de prueba, contando con el respaldo del camarista Alberto Lugones. A partir de entonces, Charvay incorporó otros casos sensibles que afectaban los intereses de la AFA.
El primer caso que absorbió fue el relacionado con el juez federal Luis Armella, que investigaba al empresario Javier Faroni y las sedes de la AFA. Esta acción permitió acceder a contratos con la empresa TourProdEnter, responsables de captar al menos el 30% de los ingresos de la AFA en el exterior, casi sin controles.
Asimismo, el juez de Campana tomó la causa de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón solicitó las detenciones de Tapia y Toviggino, analizando detalladamente la red de sociedades del tesorero. Sin embargo, no pudo hacerse cargo de la causa que investiga la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario, en la que se encuentran las pruebas que provienen de Estados Unidos.
Las maniobras comenzaron a tambalear un día antes del inicio del Mundial. La Cámara en lo Penal Económico decidió que el expediente de la mansión, que se había convertido en un punto de conexión con el resto de las causas, fuese transferido de manera urgente a la jueza María Verónica Straccia, con prestigio en su desempeño.
La Cámara fue clara al evaluar el trabajo de Charvay, señalando: “Hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”.
El traspaso se vio retrasado durante el Mundial y ahora permanece en suspenso tras la reciente decisión de la Cámara de Casación, justo antes de la feria judicial. La medida de abrir el recurso de queja y analizar el caso fue adoptada por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este mismo tribunal había establecido previamente que la Cámara en lo Penal Económico debía decidir sobre la competencia, pero algo cambió en el camino.
El fallo ha generado nuevas incertidumbres respecto al proceso en su conjunto.
Al mismo tiempo, el empresario Javier Faroni, quien recaudó casi 300 millones de dólares en Miami por instrucciones de la AFA, está implementando una nueva estrategia para intentar anular el contenido de las evidencias obtenidas por dos jueces estadounidenses. Estos documentos, que superan las 3000 páginas, contienen numerosas transferencias reveladas anteriormente.
Los movimientos en Estados Unidos son los más temidos por los implicados en este caso.
TourProdEnter solicitó a los mismos jueces que aceptaron las evidencias que impidan su utilización en los trámites penales en curso en Argentina. En la legislación estadounidense, esto se conoce como “protective order” o orden de protección.
El argumento legal sostiene que dichas evidencias fueron solicitadas por el empresario Guillermo Tofoni para ser presentadas en un litigio comercial contra la AFA. Un juez del estado de Georgia accedió al pedido, pero solo en relación al Synovus Bank, uno de los cinco bancos que accedieron a entregar los datos de las transferencias.
¿Esto modifica la situación? El fiscal Diego Velasco, al frente de la PROCELAC, ha afirmado que las pruebas pueden ser obtenidas de manera directa.
Las estrategias judiciales también han ralentizado la causa que incluye un pedido de detención promovido por un fiscal federal de Santiago del Estero. Esta causa examina a fondo el entramado de sociedades de Toviggino y los vuelos privados del tesorero. Si la investigación avanza, pueden surgir datos comprometedores, como el vuelo que realizó en julio de 2021 desde Miami a Buenos Aires junto al empresario de seguros Jorge Giani y su esposa, funcionaria de la Corte Suprema.
El único proceso que ha avanzado de manera sostenida es el que lleva adelante el juez Diego Amarante, donde han sido procesados Tapia y Toviggino por evasión. Los defensores buscan revertir esta situación en la Cámara de Casación, aunque hasta ahora han fracasado en todos los recursos.
