Las autoridades ejecutaron 32 órdenes de allanamiento en diversas localidades del partido de La Matanza, que incluyeron González Catán, La Tablada, Aldo Bonzi y Virrey del Pino, entre otras.
El operativo fue realizado por personal especializado en cibercrimen y trata de personas de la Policía Bonaerense.
Uno de los domicilios allanados pertenecía a un policía que inicialmente había sido vinculado a la investigación debido a un número telefónico encontrado en las pesquisas. Sin embargo, los análisis de sus dispositivos y de la cuenta de Instagram asociada no revelaron información condenatoria, lo que llevó a descartar su implicación.
Las primeras conexiones al agente se relacionaron con el uso de su número en videojuegos en línea, lo que, según el estudio, “habría sido filtrado por sus hermanos menores de edad”, resultando en la decisión de no imputarlo formalmente.
Los allanamientos se llevaron a cabo el 18 de febrero, bajo la supervisión de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil, a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli y con la participación de seis jueces de garantías.
La pesquisa se inició a partir de informes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que alertaron sobre usuarios que compartían y distribuían de manera masiva material de abuso sexual infantil desde el territorio argentino.
Los reportes provenientes de Estados Unidos permitieron elaborar un mapa detallado de las actividades, contactos y domicilios de los involucrados, facilitando así las tareas de campo y de análisis digital por parte de expertos en delitos informáticos.
Uno de los hallazgos más importantes del operativo fue la incautación de 46 teléfonos móviles, 12 computadoras, una tablet, nueve dispositivos de almacenamiento, un chaleco antibalas sin identificación y juguetes sexuales, así como revistas temáticas, todos elementos que serán sometidos a peritajes para establecer su conexión con la actividad delictiva.
Durante los allanamientos, los equipos interdisciplinarios identificaron al menos a dos menores víctimas de explotación sexual, y una tercera se encuentra en proceso de identificación, lo que activó procedimientos de contención y protección para los niños afectados.
Asimismo, se determinó que las maniobras incluían la producción, almacenamiento, comercialización y distribución de “material de abuso sexual infantil”, con ramificaciones tanto en el país como a nivel internacional.
Los investigadores identificaron la existencia de conexiones operativas con individuos radicados en el extranjero, lo que sugiere la participación de redes transnacionales dedicadas a la explotación digital de menores.
Según un comunicado de la policía, “el presente operativo constituye un importante avance (…) permitiendo desarticular estructuras delictivas, identificar autores y avanzar en la protección de las víctimas”. Esta estrategia de persecución se enmarca en una política de cobertura de delitos complejos y protección de los derechos infantiles.
