Uno de los testigos, Alfredo Pedro Puyo, quien se desempeñó como contador en dicho organismo, brindó su declaración ante el Tribunal Oral Federal N°7 sobre su trabajo respecto a Electroingeniería, una de las empresas contratistas más relevantes del Estado entre 2003 y 2015, dirigida por Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra.
El contador mencionó que, además de encontrar “algunas inconsistencias” en las declaraciones de IVA y Ganancias, su auditoría reveló transferencias de dinero hacia grupos de medios de comunicación y un movimiento que consideró inusual: el retiro de más de dos millones de dólares en efectivo.
“Investigamos a los socios del grupo Eling, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, y descubrimos que Electroingeniería enviaba fondos a empresas de medios de comunicación, como Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina. Estas fueron las firmas que investigamos”, indicó Puyo.
El profesional apuntó que, en su opinión, dichas transferencias tenían como finalidad financiar a estas empresas, que solían presentar pérdidas. “Eran para respaldar el funcionamiento de las empresas de medios. Tenían pérdidas y había que apoyarlas de alguna manera”, aseveró.
Tanto Radiodifusión del Plata como Televisión Digital Argentina formaban parte de la red empresarial vinculada a Ferreyra en el ámbito de los medios, en los cuales Electroingeniería tuvo una participación notable durante el periodo kirchnerista.
Puyo mencionó un retiro particular que llamó su atención: “Se realizó un retiro en efectivo en dólares, de aproximadamente dos millones. Esa suma permaneció en la empresa como efectivo durante más de un ejercicio fiscal, lo cual es inusual”, explicó.
“Es extraño que una empresa con pérdidas conserve una suma de dos millones en efectivo durante más de un ejercicio fiscal”, añadió.
Junto a Puyo, también declaró la contadora Matilde Lanza, quien afirmó que las pesquisas que llevaron a cabo fueron internas y se realizaron a pedido del juez Claudio Bonadio, con el fin de rastrear posibles “financiamientos espurios” en las empresas revisadas.
Lanza mencionó que se identificaron retiros en efectivo en Decavial S.A., la firma de Marcelino Aznar, y una discrepancia contable superior a los cinco millones de dólares. Además, recordó un retiro en Panedile, la empresa del arrepentido Hugo Alberto Dragonetti: un retiro en ventanilla por 315.000 dólares realizado por su hijo, que coincidía temporalmente con entregas de dinero registradas en el expediente.
En este contexto, Ernesto Clarens, un financista que actuó como intermediario entre los empresarios y el matrimonio Kirchner y también se presentó como arrepentido, señaló que uno de los pagos efectuados por Panedile ascendió a 313.300 dólares.
El trabajo de los contadores consistió, entre otros aspectos, en cruzar la información de las empresas con la base EPOC del organismo recaudador, donde aparecen proveedores considerados “no confiables” que las empresas pueden utilizar para emitir facturas apócrifas y así obtener créditos fiscales por deducción de impuestos.
En la investigación también figuró el Grupo Techint, que fue parte de los primeros hallazgos, pero sus directivos fueron excluidos del caso principal y sobreseídos en 2021.
Lanza constató que, en su análisis de una de las empresas del grupo, Scrap Service, se identificaron facturas falsas por alrededor de 40 millones de dólares. “Actuamos como auxiliares de la Justicia y nuestra función fue describir la información”, reiteró la contadora ante las preguntas de los abogados defensores.
En 2020, Lanza fue reubicada de su puesto como supervisora en el área de grandes contribuyentes a una dirección regional, según declaró en la causa. Sus comentarios se alinearon con los de otros contadores que previamente habían declarado y fueron reubicados como consecuencia de la detección de irregularidades en los estados contables de determinadas empresas.
Tal fue el caso de la contadora María Marta Criscuolo, quien testificó la semana pasada: “Nos informaron que el dinero había sido enviado a través de un intermediario en Nueva York hacia la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor de investigación”, refiriéndose a Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra.
Los testimonios de estos contadores constituyen un conjunto de evidencias solicitadas por la fiscalía con el propósito de arrojar luz, desde un análisis contable, sobre algunas de las presuntas maniobras atribuidas a los empresarios en este juicio oral. En el transcurso, también prestaron declaración Marcelo Pablo Costa, contador y exdirectivo de la AFIP, y Jimena de la Torre, exsubdirectora general del área de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP y exjefa de Gabinete de Leandro Cuccioli. Ambos expusieron cómo opera la vinculación entre el organismo recaudador y la Justicia al requerirse su colaboración en causas legales.
