Los ex ministros César Barbeito, a cargo de Educación, y Francisco González, de Coordinación, fueron trasladados a un establecimiento penitenciario en Pomona luego de que la Corte Suprema confirmara sus penas de cumplimiento efectivo.
Barbeito fue detenido el domingo por la tarde en el aeropuerto internacional de Bariloche, al regresar de sus vacaciones en Brasil junto a su familia. Fue conducido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria al centro penitenciario donde cumplirá su condena. Por su parte, González se entregó de manera voluntaria al conocer la decisión judicial.
Ambos ex funcionarios deberán cumplir tres años y seis meses de prisión, mientras que otros cinco ex integrantes del gabinete recibirán penas de dos años y seis meses. Entre ellos se encuentran el ex ministro de Turismo, Omar Contreras, y los ex funcionarios Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). La sentencia también impacta al extesorero provincial José Ongaro.
La investigación reveló que entre 2004 y 2010 se instauró un sistema para desviar fondos públicos hacia pagos adicionales a funcionarios mediante una distribución discrecional y sin los controles adecuados del Estado.
En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los involucrados por peculado, lo que fue ratificado dos años después por el Superior Tribunal de Justicia provincial. Recientemente, la Corte Suprema confirmó estas condenas, desestimando los recursos presentados por la defensa.
El origen de la investigación se remonta a un reportaje que exponía el desvío sistemático de fondos a los funcionarios condenados. Según el informe, los ministros y el secretario General de la Gobernación habían estado recibiendo sobresueldos ilegales, aunque presentados con aparente legalidad, burlando los mecanismos de control. Esto dio inicio a una indagación que expuso un sistema de pagos adicionales destinado a altos funcionarios durante dos mandatos de Saiz. Se alegó que los fondos eran retirados mediante cheques a nombre de funcionarios, lo que permitía esquivar la supervisión habitual en la liquidación de haberes.
La Corte Suprema tardó seis años en abordar el caso, que había sido apelado por los defensores de los condenados. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó los recursos presentados, concluyendo que no desvirtuaban los fundamentos de las sentencias previas. De este modo, las condenas ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020 quedan firmes.
