El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, recibió el 19 de junio a Aranda, madre de Valentina Cabana y abuela de Isabelle Evangeline Cabana, que había denunciado las muertes en la clínica San Antonio.
El 16 de junio, Aranda llegó a Salta después de recorrer más de 300 kilómetros, buscando que se escuche su demanda de justicia y que la causa avance. En esa fecha, fue recibida por Pablo Rivero, coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, en una reunión a la que también asistieron sus abogados.
Durante el encuentro, se abordaron “diversas inquietudes vinculadas al avance de la investigación” y se solicitó la implementación de medidas que faciliten el esclarecimiento de los hechos denunciados, según se detalla en el informe del Ministerio Público Fiscal.
Tras examinar las actuaciones previamente solicitadas y enviadas, y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, el Procurador Emitió la Resolución N° 1739/26, que asigna la causa a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro, dirigida por el fiscal penal Santiago López Soto.
Se aclaró que esta fiscalía será responsable de las solicitudes que se realicen en el marco de dicha intervención. Sin embargo, cualquier cuestión procesal que surja en adelante, y que pueda ser planteada por el fiscal del caso, deberá ser resuelta por el juez de Garantías correspondiente.
